Por quinta vez, una autoridad estatal frenó el traslado de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez a un penal federal.
La Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó ayer, a través de un boletín, que el juez de Control del Distrito Judicial Morelos, Eduardo Alexis Ornelas Pérez, rechazó el traslado de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, Antonio Enrique Tarín García y Gerardo Villegas Madriles a un penal federal, al considerar “inconveniente” la movilización, dado que los imputados tienen procesos abiertos en la entidad.
“Existe un impedimento jurídico, toda vez que se debe garantizar una justicia pronta y expedita, debiendo prevalecer los principios de inmediación y contradicción, ya que los imputados tienen diversos procesos penales en el índice de este Tribunal de Control, en los cuales se encuentran sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva”, argumentó el juzgador a la solicitud de traslado girada por el juez de Distrito Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, Gerardo Moreno García.
Ornelas Pérez dijo que Gutiérrez Gutiérrez tiene la causa penal 4094/2017, Tarín las causas 1260/2017, 2289/2017, 1841/2017 y 2675/2017 y Villegas las causas número 1260/2017, 2299/2017 y 2289/2017, todas por el delito de peculado agravado.
El juez Ornelas argumentó además que en la causa 24/2018, que es la que persigue la Federación, los tres imputados pueden comparecer a través de videoconferencias en el Cereso de Aquiles Serdán, por lo que no se requiere su traslado a un centro penitenciario del orden federal.
La negativa se suma a otras que desde el Gobierno del Estado o desde el Judicial se han argumentado para evitar el traslado del exsecretario del CEN del PRI.
Paso a paso
Detenido el 20 de diciembre del año pasado, Gutiérrez Gutiérrez fue acusado primero por un proceso de peculado agravado. El 21 de diciembre, luego de una audiencia de más de 10 horas, el juez de Control Octavio Rodríguez Gaytán determinó vincularlo a proceso por peculado agravado y fijar una pena de 6 meses por el riesgo de que pudiera sustraerse de la justicia.
Acusado de operar en 2015 el desvío de 250 millones de pesos desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la administración de César Duarte, Gutiérrez Gutiérrez, alias “La Coneja”, ha permanecido desde entonces en el penal de Chihuahua, sumando procesos en contra y acusaciones de peculado.
Señalado además de haber recibido 4 millones de pesos a través de un contrato entre el Gobierno del Estado de Chihuahua con la empresa Jet Combustibles, de su propiedad, sin que hubiera prestado los servicios, el exsecretario de Finanzas del PRI nacional se ha quejado de fallas al debido proceso y de torturas durante su reclusión.
Mientras que su defensa, encabezada por Antonio Collado ha anunciado en múltiples ocasiones el inicio de procesos en contra de las autoridades de Chihuahua por presuntas violaciones en los juicios contra el priista.
Los abogados han dicho que Gutiérrez ha sido presionado para inculpar, entre otros, al actual secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y al exgobernador César Duarte.
El martes 2 de enero la FGE le formuló una segunda imputación por desvío de un millón 600 mil pesos, presuntamente cometido en diciembre de 2015 para financiar campañas electorales, la causa penal 4094/2017, por ese proceso recibió un año de prisión preventiva más.
El 8 de enero, el gobernador Javier Coral dijo que la Federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, había retenido recursos a Chihuahua como represalia del proceso contra Gutiérrez. Entonces, el gobernador anunció la realización de una caravana por todo el país para reclamar 900 millones de pesos pendientes de pago.
El 10 de enero la juez Primero de Distrito Luz Elba de la Torre Orozco, ordenó investigar la presunta tortura, en resolución del amparo 22/2018, donde se solicitaba la protección de la justicia federal.
Hacia el 22 de enero, la Procuraduría General de la República anunció que atraería la investigación, vía la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, del peculado. Tras el inicio de la movilización de Corral, las instancias investigadoras (PGR y FGE), acordaron compartir la investigación.
El 26 de enero Collado Mocelo indicó que solicitaría el traslado del imputado a un penal federal, específicamente al Cefereso 9, ubicado en Ciudad Juárez.
Renato Sales Heredia, comisionado Nacional de Seguridad, dijo que quien había solicitado el traslado era la propia FGE por la presunta peligrosidad de Gutiérrez. En el oficio FEEPyMJ/014/2018, con fecha del viernes 26 de enero, el fiscal especial de Ejecución de Penas, Jesús David Flores Carrete, pidió, en efecto, el traslado del reo.
Tras la información, Javier Corral afirmó que la FGE había reculado en la solicitud al advertir que, una vez puesto Gutiérrez en un penal federal, la investigación por peculado se vería afectada.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició a finales de enero una indagatoria por presunta tortura cometida en contra de “La Coneja”. Posteriormente la PGR multó al fiscal de Chihuahua, César Augusto Peniche y a otros tres funcionarios por no entregar información requerida sobre los tratos presuntamente dados a Gutiérrez.
El 4 de febrero, cuando la caravana llegó a la CDMX, el gobernador anunció que se había acordado trasladar a “La Coneja” al Cefereso 9.
El 9 de febrero, Gutiérrez presentó un amparo en el Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México por la negativa de las autoridades federales y estatales por llevarlo al Cefereso a pesar del acuerdo.
Para el 15 de febrero el juez de Control Federal, Gerardo Moreno García, resolvió atraer el caso y trasladar a Gutiérrez, Tarín y Villegas a un centro federal, al considerar que un juez del fuero común no era competente para el proceso.
El 6 de abril, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito ordenó de nueva cuenta el traslado de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez la causa penal del fuero común 780/2017.
Ese día en la noche, el gobernador convocó a una asamblea informativa para el 15 de abril. Antes, se supo que el juez de Control, Alejandro Legarda Carreón se negó a entregar la carpeta de investigación al Décimo Tribunal Colegiado, por lo que, de nueva cuenta, se detuvo el traslado.
Luego de ser criticado por el gobernador Corral, tras la decisión de Tribunal Colegiado, el Consejo de la Judicatura Federal defendió la resolución de la segunda instancia.
“Quienes integran el Poder Judicial de la Federación tienen claro que los casos no se ganan con discursos, sino con argumentos jurídicos”, respondió el CJF.
El 20 de abril el juez Gerardo Moreno García dio un plazo de 24 horas para trasladar, ahora al Reclusorio Norte, a los tres acusados, so pena de multa.
Al no cumplirse la orden judicial, se ordenó una sanción de 80 mil pesos en contra del director del Cereso de Aquiles Serdán, Juan Martín González Aguirre. Al funcionario se le impuso además otra multa por resistirse al traslado.
El 2 de mayo el juez Segundo de Distrito del ámbito local concedió una suspensión provisional al Gobierno de Chihuahua para no trasladar a Gutiérrez.
Tres días después, el 5 de mayo, el Primer Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa revocó la suspensión provisional. Con la orden, quedaron además vigentes las multas impuestas al director del penal.
Ahora, con la resolución de Ornelas Pérez, se suspendió el traslado de los priistas.