Creciente preocupación por el uso político-electoral en las fiscalías mexicanas, que pese a gozar en muchos casos de autonomía formal, no son vistas como órganos independientes al gobierno
En México, la percepción de que la lucha contra la corrupción avanza se estancó en el 2021, ya que el país se mantuvo en la posición 124 de 180 países que son evaluados por Transparencia Internacional (TI) en materia de combate al flagelo, mismo lugar que ocupó en el 2020.
En la edición 2021 del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, México mantuvo una calificación de 31 puntos (en una escala de cero a 100, donde 100 sería la mejor calificación posible, que equivale a una ausencia de corrupción).
Nuestro país sigue como el peor evaluado de las 38 naciones que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En tanto, en el G20, México ocupa la posición 18, por encima de Rusia que se ubicó en la posición 19, lo cual significa que México aún no logra recuperar su mejor evaluación histórica, que se presentó en el 2015 (lugar 95).
En la edición 2021, nuestra Nación comparte la misma calificación (31 puntos) que Gabón, Níger y Papúa Nueva Guinea.
Es oportuno mencionar que el índice se construye a través de las opiniones de especialistas, analistas de riesgo financiero, mujeres y hombres de la academia y los negocios, consultados sobre la situación que guarda la corrupción en cada una de las 180 naciones evaluadas.
En el caso de los países mejor evaluados en el IPC 2021 son Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda (con 88 puntos de 100 posibles), seguidos de Noruega, Singapur y Suecia (con 85 puntos).
Los países peor evaluados fueron Siria y Somalia con 13 puntos, mientras que Sudán del Sur, obtuvo sólo 11 puntos.
Según el estudio de TI, la lucha contra la corrupción ha sido el eje principal de la administración federal 2018-2024 que en esta agenda cuenta con un amplio apoyo social para avanzar, sin embargo, los casos de corrupción definidos como emblemáticos —Estafa maestra, Odebrecht, Agro Nitrogenados, expresidentes, entre otros—, no han sido aún sancionados en materia penal.
Además de que no hay una recuperación de los activos desviados por estos y otros casos de gran corrupción y la reparación del daño a las víctimas, es prácticamente inexistente.
Al tiempo que hay una creciente preocupación por el uso político-electoral en las fiscalías mexicanas, que pese a gozar en muchos casos de autonomía formal, no son vistas como órganos independientes al gobierno. Su actuación presenta sesgos favorables o negativos dependiendo del grupo político al que se investiga.
Por lo anterior, la organización internacional recomienda a México que “la gran corrupción debe pasar de las investigaciones a las sanciones efectivas. Los integrantes de las redes deben ser sancionados y los activos desviados deben reintegrarse al patrimonio nacional”.
Además de que las instituciones y organismos que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción deben ser evaluados en términos de su desempeño individual, con un enfoque de resultados y no solo de procesos.
TI también considera que es central mantener la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en materia anticorrupción.