La UE se pensó hasta última hora si acudir o no, como bloque, a la controvertida toma de posesión de Nicolás Maduro. La decisión del gobernante venezolano de celebrar el acto en el Tribunal Supremo trastocó la postura inicial pactada entre los Estados miembros y provocó disensiones suscitadas en buena medida por España, reacia a dinamitar todos los puentes con el régimen venezolano, según confirman fuentes diplomáticas y comunitarias. Finalmente, nadie del club comunitario acudió y la alta representante para la Política Exterior, FedericaMogherini, emitió en comunicado en el que el bloque urge a Maduro a respetar la Asamblea Nacional y se declara “dispuesta a actuar con medidas adecuadas” si se producen nuevas violaciones de los derechos humanos.
Antes de conocer dónde se celebraría la ceremonia, los representantes de los 28 socios europeos habían pactado en Bruselas una regla clara: si Maduro tomaba posesión en la asamblea constituyente, no reconocida porque surgió de unas elecciones sin garantías, no habría presencia institucional de la UE ni de sus Estados miembros. Si lo hacía en la Asamblea Nacional, el parlamento venezolano legítimo —hoy relegado por Maduro—, habría alguna representación, de perfil modesto.
La elección del Supremo alteró ese acuerdo. El grupo europeo encargado de los asuntos latinoamericanos (COLAC) celebró una reunión el pasado martes en la que España sugirió que sería conveniente asistir, aunque con un nivel de representación muy bajo (personal de las embajadas europeas en Venezuela, pero con un rango inferior al de embajador). El argumento español es que Europa no puede perder completamente la interlocución con un país al que le unen lazos históricos, culturales y económicos.
La mayoría de los Estados —Francia y Alemania entre ellos— mantuvo el compromiso inicial y defendió que era conveniente una actuación unánime para no perder fuerza. Pero España y otros dos países (Grecia y Portugal) sugirieron que a lo mejor podrían acudir con un perfil bajo. Incluso se planteó la asistencia de un responsable de la UE (de la delegación europea en ese país). En el pasado, Grecia y Portugal han mostrado algunas reservas respecto a la aproximación meramente punitiva hacia Venezuela, por mucho que el país esté sumido en el caos y mantenga un régimen que viola los derechos humanos.
España acabó despejando la incógnita el miércoles: no enviaría a nadie a esa toma de posesión. El motivo es que consideraba más valioso mantener la unidad europea en este terreno que desmarcarse de sus socios en un asunto sensible.
Aun así, el episodio revela que la perspectiva con la que el Gobierno de Pedro Sánchez aborda el asunto de Venezuela difiere de la del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Pese a condenar la deriva del país, el ministro de Exteriores, Josep Borrell, defiende que solo con sanciones y mensajes broncos no se logra nada y que es necesario mantener canales abiertos con Caracas. Esas fricciones seevidenciaron ya en el debate que mantuvieron el pasado mes de octubre los ministros de Exteriores de la UE sobre la conveniencia o no de intensificar la política de sanciones. Influidos por la posición de España, los Estados accedieron a no aplicar nuevas sanciones al país (aunque sí mantener las que ya existen desde hace año) y, a cambio, explorar la posibilidad de algún tipo de contacto con el régimen. Mogherini anunció la creación de un llamado grupo de contacto para tantear esa posibilidad. Hasta ahora no ha habido resultados.
Aunque finalmente accedieron a ese vago compromiso, esa postura de relajaciónno es compartida por Francia y Alemania, con intereses muy inferiores a los de España en el país latinoamericano. París y Berlín abogan por la firmeza frente aun régimen que muestra cada vez más signos autoritarios.
