CANCÚN.— La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Combate a la Corrupción (FCC), logró aprehender 10 personas involucradas con ilícitos en la administración estatal encabezada por Roberto Borge, todas ellas reuniendo las condiciones y elementos de probanza que permitieron la acreditación de esas anomalías ante los juzgados correspondientes, informó Miguel Ángel Pech Cen.
El funcionario estatal señaló que tras la detención del exsecretario de Gobierno Gabriel Mendicutti Loría, la dependencia que encabeza rebasó la cifra de 10 excolaboradores “borgistas” sometidos a debido proceso.
Añadió que, en su caso, el también exalcalde de Solidaridad (Playa del Carmen) pudo ser aprehendido al contar con todas las circunstancias y condiciones que así lo permitieron.
Sin embargo, lamentó que actualmente en estos procesos cualquier juez federal otorga las suspensiones hasta con el pago de 10,000 pesos, pese a que el daño patrimonial puede resultar mucho mayor, como lo es en el caso de Mendicutti Loría, a quien se le detectó y comprobó un faltante de 534 millones de pesos.
Empero, prosiguió, en este caso hubo la posibilidad y a FCC ejecutó la orden de aprehensión tras verificar que hubo negación de amparos.
Sobre Mendicutti Loría, señaló que fue remitido inmediatamente al penal de Chetumal y puesto a disposición del juez.
“A veces no hay las condiciones necesarias para ejecutar una orden de aprehensión, pero el sábado sí se dieron; en ningún momento, ni nosotros, ni el juez de control tenían elementos para impedir su puesta a disposición”, indicó.
Por último, el fiscal se dijo respetuoso de la justicia federal, pero al mismo tiempo aceptó que no comparte sus criterios, y en este sentido calificó como “ridículas” las cantidades que permiten la suspensión de los procesos contra personas que infringieron la ley y causaron detrimento al patrimonio público.— Agencia Infoqroo
Señaló que esto se da principalmente con los jueces de la Ciudad de México que desconocen los antecedentes del caso y de las personas imputadas.
“Nosotros no negamos los derechos de cualquier mexicano de solicitar juicios de amparo, pero lo que cuestionamos son las cantidades que les son fijadas y que les favorecen sin permitir el resarcimiento del daño que causaron al patrimonio público”, concluyó.
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