*La guerra que libran los cárteles de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación por el control del corredor Cancún-Riviera Maya en Quintana Roo, ha detonado una violencia sin precedente.
Debido al rompimiento de vínculos de colaboración entre autoridades y criminales la violencia aumentó drásticamente en 8 de las 12 entidades federativas que tuvieron cambio de gobierno en los últimos dos años, refiere el diario Reforma en su edición de hoy, 22 de agosto de 2018.
El diario cita a varios especialistas en seguridad como Eduardo Guerrero, quien declara que los cambios de administración estatal, sobre todo cuando hubo alternancia política como en el caso de Quintana Roo, han generado brotes de violencia “tremendos”. Eso se debe, dijo, al rompimiento de vínculos de colaboración entre autoridades y criminales.
En 2016, 12 estados cambiaron de gobernador, de los cuales ocho tuvieron repunte de homicidios dolosos en comparación con este año. El aumento más marcado de ese delito, refiere Reforma, se ha dado en Quintana Roo, que pasó de 78 carpetas de investigación entre enero y julio de 2016, a 395 en el mismo periodo de este año. Es decir, que los asesinatos aumentaron cuatro veces desde que se dio la alternancia en septiembre de 2016.
La alternancia política dejó a la deriva los tratos que gobiernos anteriores tenían con grupos del crimen organizado. Desde que el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín inició su gestión en septiembre de 2016, enfrentó una racha de violencia que comenzó la madrugada del 28 de noviembre en la zona turística de Cancún, cuando hombres armados llegaron al bar Mandala y dispararon contra empleados y asistentes al lugar. El saldo fue de tres muertos. El 22 de diciembre se reportó un tiroteo en la feria navideña en Cancún. Esa vez, un agresor disparó contra un grupo de personas antes de huir a bordo de una motocicleta. Ese ataque dejó un saldo de al menos un muerto y cinco heridos. En Noche Buena sujetos armados dispararon entre 15 y 20 ocasiones contra un vehículo que circulaba sobre la avenida Tulum, en Cancún. Después hubo una pausa y la violencia se reactivó la madrugada del 16 de enero de 2017, cuando ocurrió una balacera en el bar Blue Parrot, de Playa del Carmen, con saldo de cinco muertos. Un día después de la balacera en el bar, se reportó el ataque a la delegación de la Fiscalía y la sede del C4 en Cancún, que dejó al menos cuatro muertos, entre ellos un policía ministerial.
El trato que el anterior gobierno estatal, encabezado por Roberto Borge, había sostenido con el Cártel de Cancún, ligado al Cártel de Sinaloa y comandado por Leticia Rodríguez Lara, Doña Lety, había quedado a la deriva con el cambio de autoridades. Con la complicidad de los gobiernos estatales de Félix González (2005-2011) y Roberto Borge (2011-2016), la narcotraficante arrestada en agosto de 2017 había consolidado su poder en Cancún.
La entrada de los cárteles del narcotráfico en las diferentes zonas se consolida a través de la complicidad gubernamental ya que ambos reciben los beneficios del dinero que se genera; de acuerdo con Eduardo Buscaglia, especialista en el combate y la prevención del crimen organizado, México es el segundo país que recibe mayor flujo de capitales ilícitos (alrededor de 476 mil millones de dólares entre 2001 y 2011), sólo por debajo de China (2.74 billones de dólares).
La violencia en Cancún y Playa del Carmen no es, por tanto, un hecho aislado; es producto de una descomposición que se trató de ocultar durante las administraciones de los ex gobernadores Félix González y Roberto Borge, ha reiterado el director General del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas. Según Rivas, el problema en Quintana Roo no es sólo de homicidios puesto que el Observatorio ha documentado feminicidios, extorsiones, cobro de derecho de piso y trata de personas, como parte de una red controlada por el crimen organizado que genera miles de millones de dólares al año de ganancia ilícita.
Otro de los problemas es la infiltración del narco entre mandos y agentes policiales, sobre todo en las corporaciones municipales, situación que fue denunciada por los periodistas asesinados recientemente en Quintana Roo, José Chan Dzib y Rubén Pat, del semanario Playa News.
Junto con la alternancia política la recaptura del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, en enero de 2016, activó la disputa por el multimillonario mercado de drogas en plazas entregadas a los cárteles por gobiernos anteriores y trajo como consecuencia el avance territorial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desatando una ola de violencia sin precedente en estados que habían sido considerados pacíficos y donde ahora los asesinatos y tiroteos han alcanzado cifras récord.
A partir de la recaptura en enero de 2016 de Guzmán Loera y su extradición a Estados Unidos en enero de 2017, los homicidios dolosos presentaron un crecimiento constante hasta llegar a picos históricos en los últimos tres meses. Ese lapso de tiempo coincide además con el cambio de gobierno en las referidas entidades federativas.
En el caso de Quintana Roo la guerra que libran los cárteles de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación por el control del corredor Cancún-Riviera Maya, ha detonado una violencia sin precedente. Según analistas, los ataques son parte de una batalla por los mercados de drogas más importantes del país, donde se ubican destinos turísticos con una fuerte demanda de marihuana y cocaína. La Encuesta Nacional de Adicciones señala que tanto en Cancún como en Playa del Carmen el consumo de estas drogas es mayor que el promedio nacional.
Criminales contra Escudo Titán
El Cártel Jalisco Nueva Generación confirmó en febrero de 2018 mediante la declaración de dos agentes federales, el impulso que recibió en este sexenio por parte del ex secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong quien, así, estaría vinculado con el disparo de la violencia en varios estados -como Quintana Roo- donde el PRI sufrió una derrota histórica en junio de 2016 y en donde este grupo criminal irrumpió con una violencia agobiante para desterrar al Cártel de Sinaloa y a los aliados de Joaquín El Chapo Guzmán.
Octavio Martínez Quiroz y Alfonso Hernández Villavicencio, elementos de la Agencia de Investigación Criminal, fueron secuestrados el 5 de febrero de este año en los límites de Nayarit y Jalisco por pistoleros del CJNG y obligados a grabar un video donde leyeron un mensaje acusando al nuevo secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida de “darles órdenes, permiso abierto, para que (los agentes federales) hagan lo que quieran; torturar, robar, secuestrar, desaparecer, sin respetar a mujeres, niños y personas mayores”. Eso, dijeron, “desde el día en que Alfonso Navarrete Prida inició con este cargo y dio luz verde para que las tropas lleguen a hacer impunidades”.
El 10 de enero Navarrete Prida había sido designado secretario de Gobernación. Al momento del secuestro de esos dos agentes federales llevaba apenas un mes en el cargo aunque había presentado ya su plan, denominado Escudo Titán, para combatir la violencia desencadenada por el Cártel de Jalisco y detener a su líder Nemesio “El Mencho” Oseguera. Entre sus primeras acciones el funcionario se reunió en privado con los gobernadores de Nayarit, Quintana Roo, Baja California Sur y Chihuahua, estados en donde la violencia había alcanzado niveles alarmantes.
Hasta ese momento el CJNG nunca había cuestionado al titular de Gobernación. Tiene su explicación: desde 2012 cuando fue nombrado en el mismo cargo y hasta su renuncia en enero de este año, Osorio Chong había impulsado al Cártel Jalisco para desplazar, con un discurso justiciero y de autodefensa, a los cárteles más poderosos como el de Sinaloa, La Familia, Los Templarios y los Zetas. La estrategia original, propuesta por el general colombiano Óscar Naranjo en calidad de asesor, era crear fuerzas paramilitares o de autodefensas que, además de contar con el respaldo popular, fueran diezmando el poder de los grandes cárteles. Así desplazaron a Los Templarios y a La Familia de Michoacán.
“Nueva Generación” por el Caribe
A partir del 2012 el CJNG se había concentrado en los estados del Pacífico y años después intentó incursionar en otras plazas como las del norte de Quintana Roo, donde el grupo dominante, el de Leticia “Doña Lety” Rodríguez, mantenía vínculos con el Cártel de Sinaloa. Desde 2012 y con el apoyo de esas células, Doña Lety había desplazado a los Zetas en Cancún y en la Riviera Maya. Ni la segunda captura del Chapo, en febrero de 2014, detuvo la consolidación de esta narcotraficante, fincada mediante el pago sistemático a funcionarios del gobierno de Roberto Borge –preso en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Morelos- y a policías federales, estatales y municipales.
Al igual que en otros estados como Aguascalientes, Chihuahua, Baja California Sur, Puebla, Tamaulipas y Veracruz, el CJNG irrumpió con fuerza en Quintana Roo desde el cambio de gobierno, en los últimos meses de 2016. En todas estas entidades la violencia estalló de manera agobiante.
El mayor incremento, a nivel porcentual, lo tuvo Aguascalientes, donde el electorado optó en 2016 por no continuar con un gobierno priista. En los primeros dos meses del actual gobierno estatal, encabezado por Martín Orozco del PAN, el estado sumó ocho averiguaciones por homicidios relacionados con el crimen organizado. En el mismo lapso de 2015, la cifra había sido de cuatro; un incremento del 100%.
Asimismo, los primeros cuatro meses del nuevo gobierno en Chihuahua, con Javier Corral del PAN, acumularon 494 averiguaciones por homicidios violentos, un alza del 84% en comparación con los 269 registrados el año previo en el mismo periodo.
La detonante de la violencia en todas esas entidades fue la irrupción del Cártel Jalisco. En Quintana Roo, donde al igual que en Veracruz el PRI perdió por primera vez la gubernatura, el CJNG irrumpió con terrorismo. De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, a partir de octubre de 2016 y hasta diciembre de 2017 se reportaron 287 homicidios violentos en Quintana Roo, mientras en el último año de la administración de Roberto Borge se habían reportado 137, lo que significó un incremento de 109.4%.
Ante el cambio de partido en los gobiernos estatales, la violencia se convirtió en una estrategia importante de control y desestabilización. Por eso el CJNG mandó su mensaje, mediante los dos agentes federales secuestrados, a los mandos de Gobernación en el país que declararon roto, al menos de palabra, el pacto que engendró a este grupo delictivo.