A cinco años de su promulgación, entre protestas, cambios de secretarios de Educación, exámenes y pruebas internacionales evidenciando menos comprensión de alumnos que no pueden ser reprobados, la reforma educativa de Enrique Peña Nieto demostró su fracaso, al no cumplir con su promesa de elevar la calidad de la enseñanza de los mexicanos.
Las alertas se dieron por organizaciones civiles y disidentes en un largo debate con las autoridades. Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio una conclusión abrumadora el pasado martes con la presentación del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, que tanto en materia de inversión como en los ajustes aplicados desde el ciclo escolar 2014-2015, muestra una realidad innegable: la calidad de la educación no ha mejorado.
Tajante y certera, la ASF expone sus argumentos al mostrar las evaluaciones de las pruebas Enlace y Planea. Amplía los detalles al señalar que la infraestructura en las escuelas no cuenta con las posibilidades para un mejor aprendizaje. Concluye al señalar que los profesores no sólo han visto minado su desarrollo, sino que tampoco han sido profesionalizados con nuevos
estándares de enseñanza.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) tardó dos días en responder. Lo hizo a través de un comunicado donde acepta el atraso educativo y que las expectativas planteadas en 2013 no se han cumplido –pero, emulando a los alumnos con bajo aprovechamiento que son amenazados con repetir el año por una mayor autoridad–, reforzó su compromiso para mejorar “aquellas gestiones, procesos o definiciones destacados por el órgano superior de fiscalización”, no sin antes hablar de los “avances”.
Mientras tanto, los que se ven afectados son todos esos niños, adolescentes y jóvenes –cuyo futuro depende en buena medida de ser capaces de comprender las carencias–. Ellos son los que deben aceptar que están tan reprobados como la educación que les imparten.
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