Autoridades de la Secretaría estatal de Salud (Sesa) y representantes de los profesionales en psicología y psiquiatría de Quintana Roo presentaron una iniciativa para una Ley de Salud Mental, con el objetivo de mejorar el servicio que ofrecen las Unidades Médicas Especializadas-Centros Integrales de Salud Mental (Uneme-Cisame), las cuales están integradas al Programa de Salud Mental de la Secretaría de Salud federal, explicó Alejandra Aguirre Crespo, titular de la Sesa.
La funcionaria argumentó la necesidad de tener esta ley ante la insuficiencia para atender a las personas que requieren este servicio, toda vez que anualmente se registran hasta cuatro mil 500 solicitudes de atención con respecto a padecimientos de salud mental.
De acuerdo con la secretaria, en el primer semestre del año se detectaron 702 casos de trastorno depresivo, 317 problemas por relación paterno filiales, 275 casos de trastorno de ansiedad generalizada, 74 casos de problemas conyugales, 15 casos de duelo, 86 casos de trastorno por déficit de atención, 84 casos por trastorno de emociones y del comportamiento de infancia, y 62 casos de esquizofrenia paranoide.
También se han atendido 56 casos de trastorno mixto ansioso-depresivo y 50 casos de problemas de relación no especificado, siendo los pacientes en su mayoría personas en edad productiva de 18 a 34 años.
De acuerdo con la exposición de motivos y la iniciativa presentada por los diputados Teresa López Cardiel y José Luis González Mendoza, en la entidad algunas personas y grupos sociales pueden correr un riesgo mayor de sufrir problemas de salud mental, entre ellos miembros de familias que viven en extrema pobreza, personas con enfermedades crónicas, niños expuestos a malos tratos o abandono, y adolescentes con abuso de sustancias prohibidas.
En el documento se establece que en Quintana Roo se han hecho esfuerzos por atender esta problemática a través de las Uneme-Cisame; sin embargo, debido al crecimiento poblacional, al creciente uso de sustancias psicotrópicas, entre otros factores, la demanda de servicios de salud mental ha aumentado de modo que rebasa la capacidad establecida para atender a las personas que requieren de estos servicios.