La propuesta es perfectible en el tema de quién debe realizar los estudios de impacto social, pues consideran que éstos deben ser hechos por terceros especializados y no por el Sistema Geológico Mexicano.
El proyecto de decreto para reformar la Ley Minera está en línea con los estándares internacionales, coincidieron especialistas, quienes detallaron que para su correcta aplicación es indispensable que se revise quién y cómo se realizarán los estudios de impacto ambiental y social que se proponen para validar las concesiones y evitar que se preste a la manipulación.
En ese sentido, prevén que no haya una ola de cancelaciones de las concesiones que ha otorgado el Estado, pues ya se esperaba en el sector dicha iniciativa que presentó Morena en el Senado de la República.
De acuerdo con datos de la Cámara Minera de México (Camimex), en el país hay más de 25,420 títulos de concesión minera.
En la mayoría de los países donde las empresas mineras operan, “es muy común que se cuente con regulaciones a favor de la protección del medio ambiente y de las poblaciones aledañas. Tampoco es extraño que se requiera cierta asignación de recursos para el desarrollo de las comunidades; incluso es una práctica bastante común en las empresas”, consideró el analista de Grupo Financiero Ve Por Más, Rodrigo Heredia.
“No es una regulación que se aleje del estándar internacional ni de la tendencia observada en la última década. En muchos países, como Perú, el factor social y ambiental es sumamente importante dentro del marco legal, a raíz de los conflictos que han llegado a suscitarse por estos temas en el pasado. Esto incluye leyes, reglamentos, normas técnicas de industria”, coincidió Alik García, de Intercam Casa de Bolsa.
Los especialistas descartaron una cancelación de concesiones pero sí existe el riesgo de que se dificulte o se haga más costoso el arranque de nuevos proyectos como pudiera ser el nuevo depósito de jales en la mina Buenavista de Grupo México, en el municipio de Cananea, Sonora, así como otros similares.
Para María Nieves García-Manzano, directora general de GMI Consulting (consultora especializada en gestión social, ambiental y de infraestructura), es importante cómo se aplicará la nueva ley, pues puede convertirse en una herramienta de manipulación para otorgar concesiones, sobre todo si se deja en manos del Servicio Geológico Mexicano, y no se permite, como sucede en el sector energético, que las empresas, a través de un tercero, presenten dicho estudio.
Nieves García expuso que las empresas del sector de la minería no se oponen a realizar estos estudios de impacto social, pues “algunas de ellas ya lo están haciendo; el problema es que se pretenda que sea el Servicio Geológico quien lo realice y que se condicione para el otorgamiento de la concesión”.
Añadió que lejos de reducir los riesgos, se puede convertir en un instrumento costoso, “hay que tener claro que yo para hacer un estudio envío a personal calificado para convivir en la comunidad, eso para mí ya representa un costo sin tener la certeza de que se otorgará la concesión”.
Por último, para el secretario general del Sindicato Minero Metalúrgico Frente, Carlos Pavón Campos, a diferencia del sector energético, en donde se aplican los estudios de impacto ambiental y social, en la minería no se había incluido en la legislación, pese a que algunas empresas ya realizan actividades para remediar el ambiente “hay mucha gente que desconoce cómo opera la minería en nuestro país, las inversiones en tecnología y en la recuperación de los suelos es parte importante en el desempeño de esta actividad”.
