La justicia española tiene pendiente enjuiciar unos 349 asesinatos cometidos por el grupo armado Patria Vasca y Libertad (ETA), de los al menos 829 cometidos en sus 60 años de actividad, que finalizará el próximo viernes con el anuncio de su disolución.
Fundada en 1958, es en los años 1960 en que extiende sus bases e inicia lo que denominó como “lucha armada” a través del asesinato, secuestro, extorsión, hasta dejar una cifra que superaría los 900 muertos, algo que varía según la fuente informativa.
En los objetivos de ETA destaca la independencia del País Vasco, integrado las provincias de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa; la anexión de la vecina Navarra (que considera territorio histórico vasco), y las tres provincias vascofrancesas Lapurdi, Zuberoa y Nafarroa Beherea.
Los principios los basa en el nacionalismo vasco, que reivindica una historia de origen histórico propio separado del resto de España, con Navarra y parte del sur de Francia incluidas, así como el socialismo y el carácter revolucionario.
En 1968 cometió su primer atentado con víctima mortal, aunque algunos historiadores lo datan desde 1961, y la cifra ronda los 900 si se incluyen los homicidios cometidos por grupos escindidos de ETA.
Con una actividad violenta enfocada en España, donde inicialmente combatió a la dictadura franquista, ETA decidió asentar en Francia su dirección, punto de reunión, asambleas y ser refugio durante décadas para muchos de sus militantes.
En los años setentas ETA vivió varias reagrupaciones internas, con divisiones entre sus frentes políticos y militar, que tardaron años en transformarse en organizaciones de su entorno, como la formación política Herri Batasuna.
En el llamado frente militar, ETA fijó siempre su amenaza a políticos y representantes del Estado español, miembros de las fuerzas armadas y las de todos los cuerpos de seguridad, del Poder Judicial, periodistas y empresarios.
En los años de la dictadura franquista (1939-1975) la actuación de ETA dejó al menos a 44 personas fallecidas, incluido el presidente del gobierno español, almirante Luis Carrero Blanco, en un atentado de coche bomba en Madrid en diciembre de 1973.
Después de la dictadura y en democracia, las víctimas mortales suman unas 800, siendo la última en 2010 y la única entre las fuerzas de seguridad de Francia.
En la segunda mitad de los años 1980, la dirección de ETA abre un nuevo marco de actuación que se denominó “la socialización del terror”, que consistió en incluir a civiles entre sus víctimas.
Entre sus atentados destacan el de 1987 en el centro comercial Hipercor de avenida Meridiana de Barcelona, donde fue colocada una bomba que dejó 21 muertos civiles, cuatro de ellos niños, en lo que se considera la mayor matanza que cometió en una sola acción.
En abril de 1995, ETA colocó un coche bomba al paso del vehículo del entonces dirigente opositor José María Aznar, que salió ileso del atentado, lo mismo que otras 28 personas.
De acuerdo con informes del Poder Judicial y asociaciones de víctimas, serían unos 349 los asesinatos que faltan por enjuiciarse, y una parte importante podrían haber prescrito (principalmente los cometidos durante el franquismo pendientes de resolverse).
En julio de 1997 secuestró y asesinó al concejal del Partido Popular en Ermua, Miguel Ángel Blanco, cuyo crimen generó la mayor ola de repudio a ETA, incluso con manifestaciones en otros países europeos, y desde entonces creció la pérdida de apoyo social a su causa.
ETA también secuestró a un total de 86 personas, en la mayoría de los casos pidió rescate por lo que obtuvo un total de 38.5 millones de euros, y asesinó a 12 de ellos, entre los que destaca el caso de Miguel Ángel Blanco.
Los secuestros más prolongados fueron los del ex funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara de 532 días; el empresario Emiliano Reviilla 249 días; el empresario José María Adaia 342 días; el abogado Cosme Delclaux con 232 días; entre otros.
El primer secuestrado por ETA que no tenía representación política o de poder económico fue el ginecólogo Julio Iglesias Puga, padre del cantante Julio Iglesias, que permaneció 19 días en cautiverio.
En cuanto a la extorsión, se estima en unas 10,000 personas principalmente empresarios vascos, que a lo largo de décadas recibieron cartas de ETA para pagar el llamado “impuesto revolucionario” o de lo contrario sufrirían represalias.
Además, se cuentan por miles los amenazados entre políticos, empresarios, policías, jueces, fiscales, funcionarios, periodistas, artistas, comerciantes y muchas personas, algunas de las que optaron por abandonar el País Vasco.
Tras varias treguas en las que dialogó con los gobiernos de España, fue en 2011 cuando ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada, con lo que inició el proceso de disolución que ha pasado en 2014, 2017 y 2018 por fases de desarme.
El pasado 20 de abril ETA pidió perdón a una parte de las víctimas (a las que no tenían relación con lo que llamaba el conflicto vasco), y en términos generales reconoció el daño causado con su actividad armada.
El viernes 4 de mayo se espera que en un acto en Cambo-les-Bains, en las proximidades de Bayona, País Vasco francés (suroeste de Francia) ETA confirme su disolución.