Ante las exigencias que en materia de seguridad enfrentan las ciudades hoy por hoy, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) ha solicitado se considere incluir un modelo de videovigilancia colaborativa en el proyecto del gobierno de Quintana Roo de instalar 3 mil cámaras de seguridad en la entidad y enlazarlas al anunciado proyecto del C5.
Marco Erosa Cárdenas, vicepresidente sur sureste de Canieti, con sede en Cancún, comentó que la videovigilancia colaborativa se trata de una tendencia que ha tomado fuerza en el mundo en materia de seguridad y consta de miles de cámaras de vigilancia en las calles, plazas públicas y subterráneos.
Hasta ahora los equipos de seguridad en funcionamiento los aportan los gobiernos con financiamiento público, sin embargo, recientemente la tendencia es sumar a las cámaras de vigilancia de las policías, equipos propiedad de particulares que se enlacen a los centros de comando y seguridad de los distintos gobiernos.
“Eso significa que si alguien tiene un negocio, cualquiera, un hotel, plaza comercial un restaurante, puede elegir en invertir en las cámaras y estar conectado al sistema de video vigilancia del gobierno”, explicó.
Este hecho le resulta a Erosa particularmente importante porque cree que entre más ojos tengan los gobiernos para reaccionar más rápido ante la delincuencia es mejor, por un lado, y por otro, le parece un modo muy eficiente de garantizar la cadena de custodia.
“Yo puedo tener mi sistema de videovigilancia en mi negocio pero si un día hay la comisión de un delito en el lugar, aunque yo lo grabe es difícil en un juicio poder comprobar que ese video no fue manipulado. A un juez le cuesta mucho trabajo condenar a un presunto delincuente a partir de esas pruebas “
Muchas veces en material videográfico es desechado por que no cumple con esa cadena de custodia requerida por la ley, sin embargo, a través de la videovigilancia colaborativa el video se puede compartir en tiempo real con los servidores de los cuerpos de seguridad y cuando existe un delito el juez ya podría pedir los videos a la policía, que tienen asegurada esa cadena de custodia.
“Pero obviamente integrar la cámara de un particular al centro de comando de las policías requiere de una estricta normatividad que estamos pidiendo que se genere desde el gobierno estatal para saber específicamente que tipo de equipos son viables para monitoreo, con qué características y conectividad y cuál es el protocolo y metodología de seguridad que deben cumplir los particulares para dar de alta sus equipos”, comentó.
La expectativa de Erosa Cárdenas es que se haga un modelo híbrido a partir de la videovigilancia colaborativa donde convivan las cámaras privadas y de gobiernos para sumar esfuerzos en materia seguridad pública.
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