El alcalde de Actopan había intentado silenciar con 10 mil pesos al periodista Jorge Celestino Ruiz, asesinado el 2 de agosto
Veracruz.- Quince días antes de ser asesinado a balazos, el periodista Jorge Celestino Ruiz Vázquez fue citado en la redacción de El Gráfico de Xalapa, donde trabajaba. Su jefe le insitió por segunda ocasión a aceptar un “pago” por parte del alcalde de Actopan, Paulino Domínguez, a cambio de desistir en su denuncia por agresiones y amenazas de muerte recibidas por parte de de cinco funcionarios del ayuntamiento.
El presidente municipal, José Paulino Domínguez Sánchez, ofreció al periodista a través de un emisario la cantidad de 10 mil pesos por daños materiales, derivados de dos agresiones sufridas, una en el centro de Actopan y otra en su vivienda, ocurridas en 2018, reveló una investigación de La Silla Rota.
Debe desistirte de las denuncias y dejar de publicar contra el alcalde de Actopan”, le había dicho su jefe, José Luis Poceros, en las oficinas del periódico.
Sin embargo, Jorge Ruiz se negó a aceptar el “pago”.
La primera de las agresiones ocurrió el 24 de octubre de 2018, cuando el automóvil de Celestino fue golpeado con bates por personas desconocidas en el centro del municipio.
El 17 de noviebre de 2018 tuvo lugar el segundo hecho violento, cuando sujetos armados rafaguearon la vivienda del periodista, ubicada en la comunidad La Bocanita, además de balear los parabrisas de dos autos.
El presunto pago buscaba detener las denuncias hechas por el periodista por las dos agresiones.
José Luis Poceros, director de El Gráfico de Xalapa, fue llamado a comparecer este 6 de agosto a la Fiscalía para informar como testigo sobre la identidad del emisario del alcalde Domínguez, quien además buscaba bloquear las publicaciones del periodista que denunciaban supuestos desvíos de recursos en su administración.
El reportero Jorge Celestino Ruiz Vázquez murió acribillado la noche del pasado 2 de agosto en la comunidad La Bocanita del municipio de Actopan.
Su muerte se suma a la de de 13 periodistas asesinados a lo largo de los primeros seis meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo al colectivo Reporteras en Guardia, quienes detallan que cuatro de esos casos no han sido reconocidos por las autoridades como crímenes contra comunicadores.