La defensa de Joaquín Guzmán Loera solicitó que el jurado que le va a juzgar por 17 delitos relacionados con el narcotráfico no sea “anónimo ni protegido” como pide la fiscalía, alegando que de ser así se pondría en duda la presunción de inocencia con la que debería contar “El Chapo”.
El abogado Eduardo Balarezo argumentó, en una carta dirigida al juez Brian Cogan, que de aceptar la petición del gobierno “crearía la impresión extremadamente injusta de que es una persona peligrosa de quien hay que proteger al jurado”, algo que podría modificar la deliberación y sentencia.
Para el abogado, la “inusual y drástica medida” que significaría permitir que el jurado sea anónimo afectaría el derecho constitucional a un juicio justo y más cuando, en su opinión, no hay nada todavía probado y el gobierno solo ha basado su descripción del Chapo a base de “artículos de internet, declaraciones no probadas y conjeturas de cooperantes que buscan reducir su sentencia”.
Balarezo también pidió rebajar las medidas de seguridad “altamente inusuales” en el transporte y vigilancia del jurado que pide el gobierno -un “espectáculo” que incluiría escolta, seguridad y aislamiento público, con el constante acompañamiento de guardias armados-, por la misma razón de insinuar la peligrosidad de Guzmán.
A lo que no se opone la defensa del Chapo es que los nombres del jurado sean únicamente conocidos por acusación y defensa, y no sean compartidos con el público en general ni la prensa. Eso permitiría a Balarezo investigar la imparcialidad de los miembros del jurado, y revisar su pasado y redes sociales para conocer sus prejuicios ante el caso.
Una actitud que estaría seriamente modificada por su exposición a los medios de comunicación, que según Balarezo han sido utilizados por el gobierno para dar “cobertura negativa” contra el Chapo que ha beneficiado la posición de la fiscalía con su “sensacionalismo” hacia la figura de Guzmán Loera.
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