Periodismo en Sinaloa y el estigma de ejercerlo

Periodistas de los municipios de Ahome, Guasave, Salvador Alvarado, Culiacán y Mazatlán coinciden en que los mecanismos de protección en el estado permanecen en el papel, no en la realidad

Sinaloa.- Los periodistas de Sinaloa han tenido que dejar su estado para sentirse seguros tras una amenaza o intimidación; han recurrido a denuncias en el Ministerio Público, en Derechos Humanos y en organizaciones como Artículo 19; pero también han dejado de trabajar y han sido separados de sus familias porque los han asesinado.

Como una sola voz, los redactores de la noticia en Sinaloa entrevistados por EL DEBATE expusieron las más lamentables experiencias en las que su derecho a la libertad de expresión ha sido vulnerado, coincidiendo en que los mecanismos de protección están en un papel, laxos, débiles, y que es la realidad la que los supera.

La doctora Teresa Guerra, periodista y activista social, indicó que el principio que debe regular los mecanismos de protección de periodistas es la no impunidad.

El tema —aseguró— construye muchos discursos, pero en términos efectivos, reales, no se aterrizan las acciones: «Lo primero es que haya voluntad política y que haya una verdadera sanción, porque la impunidad —dicen— es la madre de los delitos».

Opinó que los mecanismos de protección han sido muy laxos y no se han fortalecido ni las acciones ni las respuestas.

Tere Guerra destacó para EL DEBATE que ella está respaldada dentro de los mecanismos de protección a periodistas a nivel nacional, y, aun así, la respuesta es muy frágil, muy endeble: «A veces te acoges a esos mecanismos solo para visibilizar los riesgos, pero no tanto porque sientas que son efectivos», mencionó.

Asimismo, profundizó que en Sinaloa todavía «se está en pañales» porque realmente mecanismos a nivel estado no existen.

Sobre los principales entes de peligro para los redactores de la notica, indicó que en Sinaloa el riesgo viene más por parte de las autoridades que por la delincuencia organizada, aunque destacó que hay excepciones: «Pero no es el caso en todos los estados. En algunos lugares, como lo es el caso de Miroslava (Breach, periodista asesinada en Chihuahua), en el caso de Veracruz, cierto, el estado es el agresor, pero hay unos estados donde la delincuencia ha sido muy protagonista sobre las agresiones a periodistas», sostuvo.

Nuevas leyes y acciones

Raquel Zapien, consejera del colectivo Periodistas por la Paz y la Libertad de Expresión, en Mazatlán, indicó que a nivel estado se ha hecho un intento de desarrollar una unidad de protección para periodistas y defensores de los derechos humanos, incluso dijo se decretó su creación, pero este todavía no opera ni tiene presupuesto para hacerlo: «Pero realmente no hay un instrumento diseñado, no hay, contamos nada más con la solidaridad de nosotros mismos; pero eso tampoco es funcional», comentó.

Zapien añadió que se debe dar un salto para que el apoyo entre periodistas se vea reflejado en legislaciones, organismos, pero sobre todo que los gobiernos, dentro de sus ámbitos de competencia, fijen posturas claras de qué van a hacer y cómo le van a hacer para garantizar el libre ejercicio periodístico.

Leonel Aguirre, presidente de la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, destacó lo alarmante de la existencia de 41 expedientes de quejas por agresión a periodistas, cifra que hizo pública la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para EL DEBATE este 28 de marzo.

El activista mencionó que lo expuesto da la pauta para que se exija más a la autoridad y que esta a su vez esté consciente de que urge una legislación adecuada, homologada a los términos internacionales y a las leyes de carácter nacional.

Destacó que actualmente en el Congreso del Estado está la discusión para crear la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, misma que —sostuvo— necesita una comisión que sea sensible, que tenga una comunicación con los medios defensores y comunicadores: «Si nos va a poner a defendernos quien históricamente nos ha agredido, de nada nos va a servir. Nos preocupa quién los puede integrar porque son quienes van a ver los protocolos», abundó.

Para finalizar, indicó que la cifra negra de casos no denunciados podría rebasar lo que se tiene registrado hasta hoy ante la falta de confianza de que se dé un seguimiento adecuado por parte de la autoridad.

Culiacán/Marcos Vizcarra

Aunque nunca se ha visto en peligro de muerte, Marcos Vizcarra ha sido víctima, en dos ocasiones, de agresión al realizar su labor periodística.

La primera de ellas ocurrió en San Blas, El Fuerte, cuando daba cobertura a las fosas clandestinas. Contó para EL DEBATE que Mirna Medina, creadora de las Rastreadoras de El Fuerte, y dos personas más que buscaban a un familiar obtuvieron un punto para empezar a buscar.

Por lo anterior, más de veinte policías ministeriales acudieron para exigirles información de por qué habían llegado hasta ahí: «Las criminalizaron a ellas, y a nosotros no impidieron que grabáramos y nos quitaron todo».

En la segunda ocasión, tras la extradición del Chapo, acudió a La Tuna junto con dos reporteros más; sin embargo, al llegar fueron recibidos por gente armada: «Cuando llegamos, nos dijeron que qué hacíamos ahí. Negociamos, eso sí, y nos acompañaron a los límites de La Tuna y nos regresamos. Nunca había sentido tanto miedo como en esa ocasión», expuso. Para el periodista, existen muchos vacíos de cómo debe ser la seguridad de un periodista, porque aseguró que todo ha sido demasiado ambiguo.

Ve necesaria una seguridad psicológica por todo a lo que un periodista se enfrenta.

Sobre la seguridad física, asegura que no existe en Sinaloa «porque tampoco comprendemos cómo cuidarnos, no sabemos a quién acudir, y esto conlleva muchas cosas; es malísimo, no comprendemos, no sabemos de protocolos o que podemos crear un protocolo de seguridad», afirmó.

Vizcarra añadió que junto a otras organizaciones colaboró para que compañeros se fueran del estado ante amenazas e intimidaciones.

Salvador Alvarado/Carlos Orduño

Aunque el periodista Carlos Orduño no ha recibido amenazas durante su labor,indicó que entre el gremio siempre existe la zozobra de que atenten contra su vida aquellas personas que se vean ofendidas o que no les guste lo que se dice respecto a lo que no se está haciendo bien en Sinaloa: «Hace falta mayor certidumbre para el ejercicio periodístico. Creo que en Sinaloa no están las garantías no solamente para ejercerlo plenamente, sino para que la integridad no se vea afectada», indicó.

En entrevista, destacó la impunidad por la que han pasado algunos de los casos en Sinaloa cuando la Fiscalía no realiza carpetas de investigación o los resultados no son los esperados.

Puntualizó en el caso de Omar Iván Camacho al mencionar que hasta el momento no se ha presentado nada respecto a una línea de investigación o algún avance, aun con la reserva de información que se debe mantener.

Los Mochis/Adrián Gonzales

En 2013, Adrián Gonzales Robles fue agredido a balazos en Choix junto con dos personas más.

Acudió a cubrir la noticia de personas desplazas por la delincuencia organizada. El vehículo en el que viajaban se descompuso, y fue ahí donde personas armadas les dispararon en dos ocasiones.

Después los detuvieron e hicieron que se quitara la ropa para corroborar que no tuviera tatuajes: «A mí y a un fotógrafo nos dispararon y tuvimos que estar cuatro horas en el monte, porque allá no hay señal. No hay quien te ayude, quien te socorra», contó para EL DEBATE.

Cuando dieron parte a la autoridad, indicó que la respuesta fue que no podían hacer nada porque las cosas «se iban a poner peor».

Gonzales Robles mencionó que los periodistas viven con la protección de Dios y entre ellos mismos. También destacó que, aunque no es su caso, pasa que los mismas empresas periodísticas no respaldan al periodista cuando le piden una nota: «Hace falta que nos tomen más en serio y no solo que digan que la ley de protección a periodistas; existe, pero yo no veo nada, sabe de qué se tratará».

Guasave/Ararak Salomón

Al menos en dos ocasiones, Ararak Salomón ha sufrido agresiones por parte de cuerpos policiales, además de amenazas, aunque estas últimas no de manera directa.

Contó para EL DEBATE que a veces los mismos cuerpos policiales, en el calor de un operativo, donde se está evidenciando su trabajo, se sienten agobiados. «Lamentablemente vienen más agresiones por parte de las mismas autoridades que por la propia delincuencia».

Sobre los hechos, indicó que se hizo un precedente contra agentes ministeriales, con Derechos Humanos y Artículo 19, «pero todo queda ahí, en una llamada de atención o en un jaloncito de orejas».

Ararak Salomón opinó que en el periodismo en Sinaloa no hay garantías para ejercer el trabajo, a pesar de que el Estado ha anunciado mecanismos de protección para salvaguardar la integridad física de los periodistas: «La realidad es que no se han aplicado los protocolos necesarios; tal vez en el papel, pero en la práctica el periodista está indefenso e inseguro», concluyó.

Mazatlán/Sibely Cañedo Cázarez

A Sibely Cañedo la ha amenazado el sector privado del puerto. Según contó a EL DEBATE, los empresarios al darse cuenta de que hay una investigación periodística que los alude amenazan de distintas formas o intentan intimidar con el ánimo de que la información no salga a la luz, o, si sale, con un tono moderado tratan de infundir miedo.

Opinó que hay múltiples formas de violencia y de bloqueo informativo, que terminan por inhibir su función dentro de una democracia. «Es decir, todas estas formas tienen en el fondo el mismo propósito, hacernos callar, infundirnos miedo y hacernos retroceder ante lo que nos demanda nuestro oficio: decir la verdad para beneficio de la sociedad».

Indicó que la responsabilidad mayor es del Estado, entendiendo a este como las instituciones en su conjunto que tienen la encomienda para ello, pero también debe haber corresponsabilidad de los dueños de medios de comunicación, sociedad civil y sociedad en general, que, en teoría, debería también defender a sus periodistas, quienes facilitan el derecho a la información de todos los ciudadanos.

Investigación: Feadle, sin atraer caso de periodista

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) no ha atraído el caso del periodista deportivo Omar Iván Camacho Mascareño, asesinado en Salvador Alvarado, dijo el fiscal general del estado de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo.

Una de las líneas de investigación es su trabajo, pero también hay otras que se tienen que descartar.

Aclaró que desde el primer momento de este crimen el fiscal especial de la Feadle, Ricardo Sánchez Pérez, tuvo comunicación con él, pero la Fiscalía lleva la investigación.

Ayer se realizó una reunión de trabajo en donde participó personal de la Fiscalía y diversas personas interesadas en este caso para revisar los avances.

«Lo que puedo adelantarles es que estaremos atentos a todas las inquietudes, y hasta el día de ayer (miércoles) estuvimos trabajando con las Comisiones Estatal y Nacional de los Derechos Humanos», detalló Juan José Ríos Estavillo.

El fiscal se dijo comprometido en hacer un investigación inminentemente y científica, sin revictimizar ni criminalizar a aquellas personas que tengan elementos que aportar en el caso.

Dijo que los policías investigadores están realizando los actos correspondientes y están atentos a recibir información: «Fue una pérdida de vida muy lamentable, y nuestra solidaridad institucional con el gremio periodístico», detalló.