• Jueves , 27 septiembre 2018
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Condenan a Javier Duarte a 9 años de prisión y el pago de 58 mil pesos

Juez dictó la sentencia condenatoria tras preguntar directamente a Duarte si aceptaba su responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

Tras llegar a un acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), el ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, admitió su responsabilidad en los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa; por lo que fue condenado a 9 años de prisión y el pago de una multa de 58 mil 890 pesos.

En audiencia celebrada en el Centro Penal de Justicia Federal del Reclusorio Norte, Duarte de Ochoa se acogió al procedimiento abreviado que consiste en aceptar su responsabilidad en los delitos que se le imputan a cambio de una reducción en la condena que le correspondía y evitar así un juicio oral en el que podía ser condenado a una pena máxima de 25 años de cárcel.

El Juez de Control Marco Antonio Fuerte Tapia dictó la sentencia condenatoria tras preguntar directamente a Javier Duarte si aceptaba su responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, ambos en calidad de autor material, por un monto estimado de mil 650 millones de pesos.

Frente al juez, el ex gobernador renunció a su derecho de ir a un juicio oral en el que la defensa expusiera sus argumentos para desvirtuar las imputaciones, reconoció que comparecía de manera libre y voluntaria y manifestó que no se oponía al procedimiento abreviado que su defensa propuso a la PGR el pasado 17 de septiembre del 2018.

“¿Admite su responsabilidad en los delitos que se le imputan?”, preguntó el impartidor de justicia.

“Por los principios de lealtad e institucionalidad que rigen mi conducta, si su señoría”, respondió Duarte.

Por petición de las dos mujeres fiscales del PGR que presentaron los 47 datos de prueba durante la audiencia, el juzgador federal también decretó el decomiso de 41 inmuebles como departamentos de lujo, parcelas, ranchos y terrenos distribuidos en Boca del Río en Veracruz; Ixtapa-Zihuatanejo en Guerrero; Santa Fe en la Ciudad de México, Cancún, Quintana Roo y Valle de Bravo, Estado de México; mismos que fueron adquiridos con recursos desviados del gobierno de Veracruz.

Además, la sentencia del Juez de Control Marco Antonio Fuerte Tapia suspende los derechos políticos y civiles de Javier Duarte de Ochoa y lo amonesta públicamente para que no reincida en actos delictivos.

Sin embargo, el fallo no inhabilita al ex gobernador de Veracruz para que pueda ocupar cargos públicos en los próximos 9 años, ya que la PGR se desistió en la audiencia de las agravantes que se le podían imputar a Duarte por su calidad de servidor público al momento en que se cometieron los delitos.

Las agravantes habrían aumentado las sanciones en contra de Duarte; por lo que el acuerdo podía verse afectado y la PGR decidió mantener el procedimiento abreviado.

Sobre los 9 años de cárcel, se trata de una pena en la que se suman 4.5 años de prisión que corresponden a la pena mínima por el delito de asociación delictuosa y otros 4.5 años por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El Juez de Control advirtió que el cómputo de la pena comenzará a contar desde la detención de Javier Duarte en Guatemala y el inicio del proceso de extradición en su contra, es decir, desde el 15 de abril del 2017; por lo que solo le faltarían 7 años y medio para compurgar la pena de cárcel.

Debido a que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita no permite sustituir la pena privativa de libertad por otra medida cautelar y que su condena es mayor a cinco años de cárcel, por el momento no puede solicitar la libertad anticipada o la prisión domiciliaria ante un Juez de Ejecución de Sentencias.

Sin embargo, con el nuevo sistema de justicia penal cuando cumpla la mitad de su condena sí podrá hacerlo, por lo que sumando el tiempo que lleva en la cárcel que es de un año con cinco meses; en tres años podría recuperar su libertad de manera condicionada, solicitando este beneficio a un Juez de Ejecución de Sentencias.

A pesar de que entre los datos de prueba se mencionó una operación inmobiliaria en la ciudad de Miami, Florida de Estados Unidos que involucra 20 casas, en la audiencia no se determinó el destino jurídico de las mismas.

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