• Miércoles , 8 agosto 2018
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Con multas por 872 mdp a partidos, el INE concluye fiscalización de la elección; PRI el más castigado

Con la imposición de multas por 872 millones de pesos a partidos políticos, el Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó el proceso de fiscalización del proceso electoral 2017-2018, último requisito para dar paso a la calificación de la elección por parte del Tribunal Electoral, el miércoles 8 de agosto.

En sesión extraordinaria que se extendió durante más de doce horas, en la que se desahogaron 435 quejas pendientes relacionadas con 10 mil 500 millones de pesos de gastos e ingresos en las campañas de 17 mil 699 candidatos –analizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización-, el Consejo General votó las sanciones de la siguiente manera:

PRI, 186 millones 70 mil pesos; Morena, 139 millones 557 mil pesos; Partido Verde, 107 millones 39 mil pesos; PT, 100 millones 242 mil pesos; PAN, 89 millones de pesos; Encuentro Social, 74 millones 437 mil pesos; PRD, 66 millones 927 mil pesos; Movimiento Ciudadano, 36 millones 776 mil pesos; y Nueva Alianza, 28 millones 400 mil pesos.

De esas sanciones, 296 millones 451 mil pesos corresponden a irregularidades en las campañas federales, mientras que 532 millones ocho mil pesos corresponden a elecciones locales. Se sancionó también a otros partidos locales con 44 millones 199 mil pesos.

Solo el 20% de las quejas se encontraron “fundadas” y el 70% del total fue sobre gastos no reportados.

Lorenzo Córdova, presidente del INE, celebró el trabajo de la Unidad Técnica de Fiscalización del instituto y resaltó que “nunca antes en la historia electoral del país se habían resuelto tantas quejas en materia de fiscalización, en una sola sesión, respecto de tantos informes de gasto de campaña.

“Al transparentar todos los ilícitos, todas las irregularidades que han cometido los partidos, más allá de la sanción que le corresponda, estamos correspondiendo y permitiéndole a la ciudadanía conocer qué han hecho bien y qué han hecho mal los partidos políticos”, fueron sus palabras.

Investigación insuficiente: San Martín

Sin embargo, no todos los representantes del consejo fueron tan optimistas. Pamela San Martín, por ejemplo, consejera que votó en contra la mayoría de los proyectos de resolución de la comisión fiscalizadora, evidenció la laxitud con la que se llevaron a cabo las investigaciones bajo el pretexto de que se tuvo poco tiempo para desahogar el total de 587 quejas.

“Las elecciones más completas de nuestra historia merecían el ejercicio de fiscalización más completo de su historia también, pero eso no es lo que tenemos ante nosotros. Esencialmente, el INE ha desaprovechado sus facultades constitucionales de investigar y sancionar. En vez de investigaciones robustas y homogéneas que permitan llegar a resoluciones claras, en su gran mayoría se redunda en investigaciones insuficientes o incompletas. En vez de sanciones inhibitorias, se nos presentan sanciones mucho más leves que en procesos pasados”, reprochó.

La consejera rescató el “arduo” trabajo de los integrantes de la Unidad Técnica de Fiscalización, pero fue dura con la dirección de la Comisión de Fiscalización que preside el consejero Ciro Murayama:

“Está la contradicción que contamos con una Unidad Técnica con servidores públicos profesionales, entregados a su trabajo y comprometidos con la democracia mexicana, pero cuyo trabajo no está siendo direccionado a cumplir con los objetivos de la fiscalización. Sin la dirección y los criterios necesarios para guiar su trabajo, el INE no está aprovechando esta dedicación y compromiso”, acusó.

San Martín dijo que el ejercicio de fiscalización fue en contra de sus propios objetivos y repercutió en la resolución de las quejas: “Estoy convencida que con nuestras propias decisiones estamos operando en contra de nosotros mismos. No todas (las quejas) se revisaron exhaustivamente”, dijo.

Y argumentó por qué se apartó de la mayor parte de las decisiones que por mayoría aprobaron sus colegas: “Básicamente tienen que ver con insuficiencias en los procesos de investigación; criterios de análisis, valoración y sanción diferenciados entre unas y otras quejas; casos en los que se analizan evidencias que obran en el SIF sin tomar en cuenta el momento en que se revisó cada reporte, con lo que se valida un ejercicio contrario al modelo que nos hemos dado”.

Y remató: “No es por casualidad que en México las reglas en torno al financiamiento y fiscalización son tan estrictas. Estas leyes se crearon para erigir una barrera frente a la influencia del dinero en un país tan desigual como el nuestro y para preservar la política como el ámbito de los asuntos públicos y no de los intereses privados. Tanto los procedimientos de queja como los dictámenes que hoy discutimos me parece que desaprovechan las herramientas que se encuentran en la ley para hacer cumplir este mandato”.

Ciro Murayama refutó las descalificaciones diciendo que se analizaron 57 mil 563 informes en tiempos muy reducidos.

“El propósito de la fiscalización es asegurar la legalidad en el uso del dinero en las campañas y disminuir el riesgo de recursos de procedencia ilegal o uso desproporcionado de los mismos.

“Hoy, más allá de las faltas, omisiones e inconsistencias que dan lugar a las sanciones, hay que decir que México vivió en 2018 un proceso electoral que puede calificarse de democrático. Es el voto, no el dinero, lo que definen las elecciones”, concluyó.

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