• Viernes , 11 mayo 2018
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Ministeriales a la “caza” de ex judiciales por sonado caso de tortura

Luego de que un juez libró varias órdenes de aprehensión en contra de personal de la Fiscalía General de Quintana Roo por tortura y abuso de autoridad en agravio de Héctor Cacique Fernández, -ejecutado en junio pasado-, este viernes un grupo de agentes de la Policía Ministerial intentaron capturar al capitán Arturo Olivares Mendiola, ex director de la desaparecida Policía Judicial, sin embargo no pudieron pues les mostró un amparo.

Olivares Mendiola acusó que se trataba de una persecución política, pues lo vigilan las 24 horas para ser detenido.

De acuerdo con fuentes extraoficiales, son al menos 33 funcionarios públicos los que están acusados de tortura, mientras que el resto son señalados de abuso de autoridad.

La historia

En 2013, cuando un grupo de personas festejaba el aniversario del Sindicato de Taxistas de Cancún, en el bar “La Sirenita” de la Región 233, una ráfaga de plomo privó de la vida a siete personas, varias de ellas miembros del sindicato.

Una semana después fue detenido Héctor Casique, como presunto responsable, aunque gracias a un amparo salió meses después, pero la entonces Procuraduría de Justicia, hoy Fiscalía obtuvo de un juez penal una nueva orden de aprehensión por la misma averiguación previa, pero con elementos nuevos, argumentando que de esa forma no se estaba juzgado dos veces por el mismo delito, porque no fue ni procesado, ni sentenciado.

Para ese entonces, ya existía una denuncia de Casique en contra de 36 funcionarios de la hoy Fiscalía -que más tarde aumentaría a 43 – principalmente por el delito de tortura, pues según palabras del propio Casique, le obligaron a firmar una confesión en la que se declaraba culpable de distribuir droga, cobrar derecho de piso y orquestar la ejecución múltiple en el bar, por lo que fue golpeado, torturado y violado por elementos de la entonces Policía Judicial que dirigía precisamente Arturo Olivares Mendiola.

De hecho, este caso sería el primero en México, donde alguien se apegaba al manual de investigación y documentación efectiva sobre tortura, castigos y tratamientos crueles, inhumanos o degradantes, mejor conocidos como el “Protocolo de Estambul”, creado por las Naciones Unidad y avalados por México, siendo el primer conjunto de reglas para documentar la tortura y sus consecuencias.

De esta forma iniciaba una batalla legal entre la familia de Héctor Casique y las entonces autoridades de la hoy FGE.

Después de tres años y casi siete meses preso, en septiembre de 2016, un juez dictó auto de libertad a Héctor Cacique por falta de elementos en su contra y quedaba absuelto de los cargos de homicidio y delincuencia organizada, entre otros.

Meses después y por recomendación de la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo, la Fiscalía General del Estado le ofreció disculpas públicas por los actos de tortura, pero jamás se habló de su inocencia.

La disculpa fue calificada de ridícula y hasta como una mentada de madre, según dijo textualmente, la madre de Héctor Casique, rechazándolas, -porque en realidad fueron dos disculpas públicas- pues lo que exigían, era cárcel para los 43 responsables.

Pasaron varios meses de silencio absoluto por estos casos y en junio de 2017, Héctor Casique fue ejecutado por presuntos integrantes del crimen organizado, en la delegación Alfredo V. Bonfil cuando la víctima se encontraba en una marisquería.

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