• Martes , 11 julio 2017

Denuncian presuntas irregularidades del hotel Meliá Paradisus

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Nuevamente, la cadena hotelera Meliá se ve involucrada en un acto de presunta violación a las disposiciones de las leyes en materia ambiental. El presunto delito recurrente, el inicio de obras que generan impacto ambiental sin la previa autorización de parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). En esta ocasión, el complejo denominado Paradisus ubicado en el kilómetro 16.5 del bulevar Kukulcán en la zona hotelera de Cancún, donde actualmente se habilita una enorme estructura para la realización de eventos en zona federal marítimo terrestre o terrenos ganados al mar.

Lenin Amaro Betancourt, presidente de la Asociación de Legisladores de Quintana Roo (ALQROO) presentó el expediente administrativo número PFPA/29.3/2C.27.5/0093-16, iniciado por la Profepa en materia de Impacto Ambiental “por las obras y actividades que se llevaron a cabo en la zona federal marítimo terrestre o terrenos ganados al mar adyacentes al hotel denominado Paradisus, Cancún”.

Según lo explica el dirigente, entre las irregularidades encontradas por el personal de la procuraduría, destaca la inexistencia de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) correspondiente, además del daño generado a las playas y a la vida silvestre, al instalar una carpa de 50 metros de ancho por 56 metros de largo; asicomo 75 mesas y 750 sillas, tres barras para despachar licores, cuatro barras de comida y un escenario para espectáculos; ello en la fecha, 9 de octubre de este año.

“Resultado de la inspección, se decretó la Clausura Total Temporal de dicha estructura; apenas unas dos semanas atrás, la propia Procuraduría General de la República (PGR), retiró la estructura en cuestión, y cuál es nuestra sorpresa cuando nos encontramos que ahora, el hotel en cuestión, está montando una estructura dos o tres veces mayor en tamaño y capacidad, cuando existen presuntas violaciones acreditadas por Profepa como la inexistencia de una MIA”, detalló el ex legislador.

Cabe destacar, que aún a pesar de la clausura, el gerente del hotel en cuestión retiró los sellos y llevo a efecto el evento para cual le había sido rentado el lugar. Lenin Amaro destacó que, al parecer, la empresa muestra una tendencia a no respetar a la autoridad federal, pues en este caso, se ha vuelto a instalar otra carpa, y, en el caso del Me by Meliá, también fueron retirados los sellos de clausura y se continúa con la construcción de dos edificios en terrenos propiedad de la Nación.

“Nuevamente nos encontramos ante un acto de presunta corrupción que reta a la administración Federal al conducirse fuera de la legalidad, esperando que al final, la autoridad le ‘premie’ imponiendo una multa que, a la luz de las ganancias, resulta irrisoria”, sentenció el activista social.

“Es importante destacar que la legislación, no sólo prevé penas como la clausura, el derribo de estructuras aún y cuando éstas sean permanentes, multas y hasta la privación de la libertad; es fundamental recordarle a la autoridad que, hechos como estos, más aún cuando son recurrentes, prevén la cancelación de la concesión de la zona federal marítimo terrestre”, advirtió.

Explicó que la empresa hotelera no sólo ha violentado disposiciones legales, sino que ha perjudicado a otras empresas que confían en la formalidad y seriedad del hotel al rentar espacios como el antes descrito, toda vez que se sabe que la empresa que rentó el espacio fue engañada por la empresa hotelera la que habría asegurado durante el mes de octubre que el trámite de permiso por parte de Semarnat estaba en trámite, cuando en realidad, no había ninguna solicitud y mucho menos autorización.

Debido a todo lo anterior, la Asociación de Legisladores de Quintana Roo, en representación de ciudadanos interesados ha interpuesto una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en contra de quien o quienes resulten responsables por estas ilegalidades.

Para concluir, Lenin Amaro puntualizó lo que se solicitó a la autoridad, a través de la denuncia: 1.- considerar al denunciante por presentado con denuncia ambiental;

2.- informar si la empresa fue obsequiada con un nuevo permiso, a pesar de haber sido sancionada por la comisión de delitos ambientales y penales y en su caso, fundamentar la decisión; 3.- informar si han procedido con la clausura de la concesión de zona federal marítimo terrestre como lo determina la ley; 4.- recibir el material fotográfico que se adjuntó a la denuncia.

 

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