• Miércoles , 5 julio 2017

NO MÁS “NIÑOS INVISIBLES” EN LAS CÁRCELES : REMBERTO

Ante la necesidad imperiosa de legislar sobre la dolorosa realidad de las niñas y los niños que nacen y viven junto a sus madres en los centros penitenciarios, los legisladores del Partido Verde suscribieron una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, a la que se adhirió el diputado federal por Quintana Roo Remberto Estrada Barba.

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Se trata que en esta LXIII Legislatura del Congreso de la Unión los niños en reclusión dejen de ser “invisibles”, comentó el legislador. “Estos niños pasan los años más importantes para la construcción de su personalidad en sitios que no permiten su descanso, su recreación y su sano desarrollo”.

Aunque a la fecha no se cuenta con un número exacto de ellos, se estima que pudieran ser más de 800 niños los que viven en esas deplorables condiciones, dijo, y añadió que en afán de clarificar esas cifras se realizará el primer censo nacional de niños en reclusión que permitirá tener certeza del número de infantes que viven con sus madres.

Consideró que por un lado el Estado debe de garantizar el derecho del menor a permanecer junto con su madre para llevar a cabo la lactancia y convivir con ella. “Por otro no debe permitir que el niño permanezca en reclusión más allá de los tres años de edad, ya que esta es la edad que internacionalmente está aceptada para facilitar la inserción social del menor”.

Ese es el equilibrio al que se busca llegar con esta iniciativa; tres años de manera pareja para todos los centros de reclusión en el país. Los centros federales, los municipales y los estatales. Cumplida esta edad, los niños deben salir de los centros y entrar a una nueva etapa de inserción a la sociedad bajo la supervisión del Estado o de algún familiar, detalló.

Añadió que esta iniciativa durante el periodo de reclusión les garantiza a los niños una alimentación diferente a la que reciben los adultos, que sea acorde a su edad, que les reconozcan su derecho de salud y reconocer así también su derecho a la educación, y también obligaría a las autoridades penitenciarias a realizar gestiones necesarias con la federación, estados y municipios, para brindarles vestido adecuado a su etapa de desarrollo, atención pediátrica permanente y una educación inicial.

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